Compartimos el presente boletín semanal de criterios jurisprudenciales relevantes, elaborado a partir de las tesis y jurisprudencias publicadas por el Semanario Judicial de la Federación el viernes pasado. En esta edición, por su impacto práctico y estrecha relación con nuestras áreas de especialización, merecen atención preferente las siguientes: (1) la tesis I.10o.C.50 C (12a.) (Reg. 2032869) del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que reconoce que el principio de autonomía progresiva también rige en la primera infancia, de modo que, cuando la niña o el niño aún no puede formarse o expresar un juicio propio, su interés superior debe protegerse mediante la responsabilidad parental y esquemas de convivencia graduales y supervisados, y no mediante decisiones abruptas adoptadas en su nombre; (2) la tesis I.2o.C.1 C (12a.) (Reg. 2032875) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, conforme a la cual, para hacer efectiva la póliza de fianza exhibida para que una apelación se admita en ambos efectos en términos del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, basta que se confirme la resolución apelada, sin necesidad de tramitar un incidente con llamamiento a la afianzadora, cuyo derecho de audiencia queda a salvo con la notificación del requerimiento de pago; (3) la tesis I.10o.C.28 C (12a.) (Reg. 2032879) del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece que la indemnización por mora a cargo de la aseguradora no puede computarse desde el emplazamiento cuando el asegurado no acredita haber integrado previamente, en sede extrajudicial, la reclamación en términos de los artículos 69, 70 y 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, y declara inaplicable a ese supuesto la jurisprudencia PR.A.C.CS. J/3 C (12a.); (4) la jurisprudencia PR.A.C.CS. J/12 C (12a.) (Reg. 2032867) del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, que atribuye a los Juzgados de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México la competencia para conocer de las controversias derivadas de arrendamientos de inmuebles celebrados con propósito de especulación comercial, cuando sean de cuantía determinada o determinable y no estén sujetas a una tramitación especial; (5) la jurisprudencia P./J. 220/2026 (12a.) (Reg. 2032881) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que define que las notificaciones electrónicas practicadas a la parte quejosa o tercera interesada en el juicio de amparo, cuya constancia se genere en un día inhábil —por consulta o de forma automática—, surten efectos a partir del día hábil siguiente; (6) la tesis I.10o.C.10 K (12a.) (Reg. 2032872), derivada del mismo asunto que la primera, que exige al órgano de amparo un análisis reforzado para tener por actualizada la cesación de efectos respecto de omisiones que inciden en derechos de niñas, niños y adolescentes, pues no basta la emisión formal de un acto, sino que debe constatarse que éste encauza materialmente el derecho mediante un mecanismo idóneo; y (7) la jurisprudencia P./J. 219/2026 (12a.) (Reg. 2032865) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina que los congresos locales carecen de facultades para definir en sus Constituciones la noción de persona y el momento en que se adquiere ese estatus, por tratarse de un presupuesto esencial del régimen de derechos humanos cuya determinación está reservada a la Federación.
Civil
¿Qué resuelve?
Un padre promovió una controversia familiar para que se fijara un régimen de visitas y convivencias con su hijo de corta edad y, ante la falta de pronunciamiento e instrumentación de ese régimen, promovió amparo indirecto. Durante el juicio, la autoridad familiar fijó un régimen provisional de convivencias supervisadas, ordenó la inscripción de las partes a un programa de revinculación familiar y señaló fecha para una entrevista diagnóstica, por lo que el Juzgado de Distrito sobreseyó por cesación de efectos; el padre interpuso revisión porque la convivencia aún no se había materializado. Al resolver el amparo en revisión 221/2026 (del que también deriva la tesis Reg. 2032872), el Tribunal Colegiado sostiene que la autonomía progresiva parte de reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares plenos de derechos cuyo ejercicio se despliega conforme avanza su desarrollo: la capacidad de decidir no se adquiere súbitamente al alcanzar cierta edad, sino en un proceso gradual en el que aumenta la autodeterminación de la persona menor de edad y disminuye, correlativamente, la sustitución decisional de los adultos, y debe valorarse de forma contextual (edad, desarrollo cognitivo, estado emocional, entorno y complejidad de la decisión). La primera infancia se ubica en el extremo inicial de ese proceso y es el periodo de formación de los vínculos de apego; por ello, cuando la niña o el niño todavía no puede formarse o expresar un juicio propio, su interés superior no se realiza mediante la expresión directa de su voluntad, sino mediante la responsabilidad parental y mecanismos especializados, graduales y supervisados, que privilegien condiciones de seguridad frente a exposiciones abruptas.
¿Por qué nos importa?
Criterio de aplicación directa en nuestra práctica familiar, especialmente en controversias sobre régimen de visitas y convivencias, guarda y custodia y revinculación parental con hijos de muy corta edad. Para el progenitor no custodio, ofrece sustento para solicitar que la convivencia se reanude mediante un esquema escalonado (convivencias supervisadas, centros de convivencia, programas de revinculación), en lugar de una restitución inmediata y sin acompañamiento que la persona juzgadora podría estimar riesgosa; para el progenitor custodio, permite oponerse a cambios abruptos y pedir que cualquier ampliación se condicione a valoraciones especializadas. En la práctica, conviene ofrecer desde el inicio la evaluación psicológica del menor y de los progenitores y proponer un calendario gradual con indicadores objetivos para su ampliación, pues el criterio desplaza el debate de la opinión del menor —que en esta etapa no puede expresarse— a la idoneidad del mecanismo de convivencia. Se lee junto con la tesis Reg. 2032872, derivada del mismo asunto, sobre la cesación de efectos en el amparo. Por tratarse de una tesis aislada, su valor es orientador.
¿Qué resuelve?
Al resolver el amparo en revisión 1/2026, el Tribunal Colegiado analizó cómo se hace efectiva la garantía que exhibe, mediante póliza de fianza, la parte que solicita que su apelación se admita en ambos efectos (devolutivo y suspensivo) conforme al artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México. Ese precepto dispone que, cuando se apelen autos o interlocutorias de los que derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en efecto devolutivo de tramitación inmediata, el recurso se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponerlo y expone los motivos del daño; el juez de origen fija el monto de la garantía y, si el tribunal de apelación confirma la resolución apelada, hará efectiva la garantía en favor de la contraparte. El Tribunal Colegiado concluye que el único presupuesto legal para hacerla efectiva es que la apelación se desestime y quede firme la resolución impugnada, sin necesidad de tramitar incidente alguno ni de llamar previamente a la afianzadora. El derecho de audiencia de ésta queda a salvo, porque con la notificación del auto que la requiere para exhibir la cantidad amparada por la póliza puede hacer valer lo que a su interés convenga y, en su caso, apelar ese acuerdo en términos del artículo 689 del mismo código.
¿Por qué nos importa?
Criterio de técnica procesal de aplicación inmediata en nuestro litigio civil en la Ciudad de México. Para quien obtiene la confirmación de la resolución apelada, abre una vía expedita: puede solicitar directamente que se requiera a la afianzadora el pago de la cantidad amparada, sin abrir un incidente que retrase la reparación del daño causado por la suspensión de la ejecución. Para el apelante, la lección es que solicitar la apelación en ambos efectos tiene un costo real y de rápida ejecución si el recurso no prospera, lo que debe ponderarse con el cliente al definir la estrategia. Para las afianzadoras, precisa que su defensa se concentra en el requerimiento: deberán hacer valer sus excepciones al notificárseles y, en su caso, apelar el acuerdo, pues no habrá una etapa incidental previa. Debe verificarse en cada caso la legislación procesal aplicable, considerando la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por tratarse de una tesis aislada, su valor es orientador.
¿Qué resuelve?
Con motivo del robo de un vehículo asegurado, el contratante inició ante la aseguradora el trámite de pago; ésta le requirió diversa documentación y después le informó que la reclamación quedaba detenida por falta de entrega de la información necesaria. El asegurado promovió juicio oral mercantil y exhibió esos documentos con la demanda; la sentencia condenó al pago de la suma asegurada y de la indemnización por mora, computada a partir del vencimiento de los treinta días posteriores al emplazamiento. Al resolver el amparo directo 530/2025, el Tribunal Colegiado sostiene que la jurisprudencia PR.A.C.CS. J/3 C (12a.), conforme a la cual la mora puede computarse desde el emplazamiento, derivó de supuestos de acción directa ejercida por víctimas en materia de responsabilidad civil objetiva, en los que se privilegia el acceso a la indemnización de terceros ajenos al contrato. No es aplicable cuando la relación deriva del propio contrato de seguro, que impone a la persona asegurada la carga de integrar la reclamación conforme a los artículos 69, 70 y 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Conforme al artículo 71, el crédito vence treinta días después de que la aseguradora recibe la documentación e información necesarias para conocer el fundamento de la reclamación, por lo que la exhibida en juicio no puede equipararse a la entregada en sede extrajudicial: si no se acredita el cumplimiento de esa carga, el crédito no es exigible ni puede configurarse la mora a partir del emplazamiento.
¿Por qué nos importa?
Criterio de alto impacto económico en el litigio de seguros, en el que la indemnización por mora del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas suele representar una porción relevante de la condena. Para asegurados y beneficiarios, la lección es preventiva: antes de demandar, conviene integrar de forma completa la reclamación ante la aseguradora, atender por escrito cada requerimiento de información y conservar acuse de todo lo entregado, pues los documentos exhibidos por primera vez con la demanda no harán correr el plazo de la mora. Para la defensa de aseguradoras, ofrece una excepción concreta: acreditar los requerimientos formulados y la falta de entrega extrajudicial para desplazar el inicio de la mora o excluirla. Además, delimita el alcance de la jurisprudencia del Pleno Regional: su regla sobre el emplazamiento se reserva a la acción directa de terceros víctimas y no se extiende a la relación contractual entre aseguradora y asegurado. Aunque el asunto se tramitó en la vía oral mercantil, el criterio se publicó en materia civil. Por tratarse de una tesis aislada, su valor es orientador.
Mercantil
¿Qué resuelve?
Al resolver la contradicción de criterios 51/2026 entre los Tribunales Colegiados Sexto y Décimo Quinto en Materia Civil del Primer Circuito, el Pleno Regional definió qué juzgados de la Ciudad de México son competentes para conocer de las controversias derivadas de contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a fines comerciales: uno sostuvo que los Juzgados de lo Civil de Proceso Oral, conforme al artículo 105, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial local, que les atribuye los asuntos de jurisdicción concurrente del artículo 1390 Bis del Código de Comercio; el otro, que los de Proceso Escrito, porque el artículo 59, fracción VIII, de la misma ley regula específicamente su competencia en materia de arrendamiento. Por unanimidad, el Pleno Regional se inclina por la primera postura. Conforme a los artículos 4o., 75, 1049 y 1055 del Código de Comercio y a la jurisprudencia 1a./J. 170/2023 (11a.), el arrendamiento celebrado con propósito de especulación comercial es un acto de comercio, por lo que sus controversias se rigen por la legislación mercantil. Si son de cuantía determinada o determinable y no tienen señalada una tramitación especial, deben seguirse en la vía oral mercantil (artículos 1390 Bis y 1390 Bis 1), lo que actualiza la regla específica del artículo 105, fracción III. El artículo 59, fracción VIII, se aplica a las controversias de arrendamiento que no encuadren en esa hipótesis, pues una norma local de organización judicial no puede modificar ni desplazar la vía prevista por la legislación mercantil federal.
¿Por qué nos importa?
Criterio de aplicación inmediata en el litigio mercantil de arrendamiento en la Ciudad de México, tanto para arrendadores como para arrendatarios de oficinas, locales comerciales y naves industriales. Define con certeza ante qué juzgado y en qué vía debe presentarse la demanda, lo que evita declaraciones de incompetencia, cuestionamientos sobre la procedencia de la vía y reposiciones que pueden retrasar meses la recuperación de rentas o la desocupación del inmueble. Su lección práctica es doble: primero, calificar desde el inicio si el contrato se celebró con propósito de especulación comercial —atendiendo, entre otros elementos, a la actividad de las partes y al destino lucrativo del inmueble— y acreditarlo en la demanda; segundo, verificar si la cuantía es determinada o determinable, pues de ello depende la vía oral mercantil. Para la parte demandada, ofrece sustento para plantear la incompetencia o la improcedencia de la vía cuando el asunto se haya presentado ante un juzgado de proceso escrito o en la vía de controversia de arrendamiento. Es obligatoria para los órganos jurisdiccionales de la Región Centro-Sur a partir del 9 de noviembre de 2026.
Derechos Humanos
¿Qué resuelve?
Una mujer trabajadora demandó la reinstalación por despido injustificado y la nulidad de cualquier documento firmado por ella con renuncia de derechos, al afirmar que fue obligada a firmar documentos en blanco como condición para ser contratada. La patronal sostuvo que la relación por tiempo determinado concluyó voluntariamente y exhibió un escrito de renuncia cuya firma se acreditó mediante prueba pericial; la junta lo tuvo por válido. Al resolver el amparo directo 1204/2025 (cuaderno auxiliar 270/2026), el Tribunal Colegiado sostiene que el análisis de la renuncia no puede limitarse a su existencia formal, sino que debe verificar si concurrieron vicios del consentimiento. Cuando la trabajadora alega desde la demanda coacción psicológica o emocional, la persona juzgadora debe aplicar el método de juzgar con perspectiva de género (artículos 1o. y 4o. constitucionales y 1 y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) para identificar si existe una situación de desigualdad o vulnerabilidad que actualice una relación asimétrica de poder; además, el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce como violencia laboral, entre otras conductas, la negativa a respetar la permanencia en el trabajo, las amenazas y las humillaciones. Imponer a la trabajadora la prueba de la coacción la colocaría en una desventaja procesal contraria a la igualdad sustantiva, por lo que, conforme al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde a la patronal acreditar que la renuncia fue libre. La firma de documentos en blanco como condición de contratación y el uso de contratos sucesivos por tiempo determinado para necesidades permanentes son indicios relevantes de presión, por lo que la renuncia así obtenida carece de eficacia.
¿Por qué nos importa?
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la tesis muestra cómo el método de juzgar con perspectiva de género incide en la distribución de la carga de la prueba: la identificación de una relación asimétrica de poder no sólo orienta la valoración, sino que traslada a la parte en posición dominante la obligación de demostrar la libertad del consentimiento, aun cuando la autenticidad de la firma esté acreditada. Ese razonamiento —que la existencia formal del documento no basta cuando el contexto revela una desigualdad estructural— puede proyectarse a otras materias en las que intervenimos, como la valoración de convenios, renuncias de derechos o reconocimientos de adeudo suscritos por mujeres en contextos de violencia familiar o económica, por ejemplo en divorcios, en la liquidación de la sociedad conyugal o en convenios de alimentos. En la práctica, para quien invoca la coacción es indispensable plantearla desde la demanda y aportar los indicios de contexto (condiciones de contratación, documentos en blanco, contratos sucesivos, dependencia económica); para la asesoría a empresas, aconseja revisar las prácticas de contratación y de terminación de las relaciones laborales, pues la sola firma auténtica de una renuncia puede resultar insuficiente. Por tratarse de una tesis aislada, su valor es orientador.
Amparo
¿Qué resuelve?
Al resolver la contradicción de criterios 15/2026 entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, el Pleno definió cuándo surte efectos la notificación electrónica practicada a la persona quejosa o tercera interesada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación si la constancia se genera en un día inhábil: uno de los tribunales sostuvo que hasta el primer día hábil siguiente; el otro, que en la misma fecha de generación de la constancia, conforme a la letra del artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo. Por unanimidad de nueve votos, el Pleno se inclina por la primera postura. El artículo 31, fracción III, dispone que las notificaciones electrónicas surten efectos cuando se genera la constancia de consulta, pero no prevé qué ocurre si ésta se produce en día inhábil. Los artículos 19 y 22 establecen, como regla general, que el juicio de amparo se rige por días hábiles, con base en los cuales se computan los plazos, por lo que la regla del artículo 31 debe interpretarse en armonía con ellos: si la constancia se genera en día inhábil, la notificación surte efectos a partir del primer instante del día hábil siguiente. La misma solución rige cuando la constancia no deriva de la consulta, sino que se genera automáticamente por no haber ingresado al sistema dentro del plazo legal (artículo 30, fracción II), pues tampoco existe una regla expresa para ese supuesto.
¿Por qué nos importa?
Criterio de aplicación cotidiana y de impacto directo en el cómputo de plazos en todos nuestros juicios de amparo, en los que la notificación electrónica es ya la regla. Elimina una fuente real de riesgo: consultar el expediente un sábado, domingo o día festivo —o que la constancia automática se genere en esas fechas— no adelanta el momento en que surte efectos la notificación, de modo que el plazo para recurrir o desahogar un requerimiento comienza a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que surte efectos. Para el control interno de términos del despacho, conviene registrar tanto la fecha de generación de la constancia como la del surtimiento de efectos y verificar el calendario de días inhábiles del Poder Judicial de la Federación; por prudencia, en asuntos de alto riesgo sigue siendo recomendable calcular el plazo conforme al supuesto más conservador cuando exista duda sobre la inhabilidad de un día. Debe advertirse que el criterio se refiere expresamente a las personas quejosas y terceras interesadas; tratándose de autoridades, la regla de surtimiento de efectos es distinta (artículo 31, fracción I). Es obligatoria a partir del 9 de noviembre de 2026.
¿Qué resuelve?
Al resolver la contradicción de criterios 81/2026 entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el Pleno Regional definió la materia de los Juzgados de Distrito competentes para conocer de los amparos contra el decreto publicado el 16 de julio de 2025, que reformó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población: uno mantuvo implícitamente el asunto en la materia administrativa; el otro consideró que el interés tutelado se vincula con la investigación y persecución de delitos. El Pleno Regional se inclina por la materia administrativa (por mayoría en cuanto a la existencia de la contradicción y por unanimidad en el fondo). En el amparo contra normas generales, la competencia por materia se determina por el bien jurídico o interés fundamental sobre el que versan las disposiciones reclamadas, y no sólo por la naturaleza formal del acto o de las autoridades que intervinieron; cuando las normas tienen conexión con distintas ramas, debe identificarse su objeto directo y predominante. El del decreto es organizar el Registro Nacional de Población y la identificación personal mediante la CURP, regular la integración de datos biométricos, establecer la Plataforma Única de Identidad, disponer la interconexión y consulta de registros públicos y privados y fijar mecanismos de coordinación para la búsqueda de personas. El uso de esa infraestructura en investigaciones penales es instrumental y no modifica su objeto predominante, y la búsqueda de personas, aunque estrechamente relacionada con la investigación penal, tiene entidad jurídica propia.
¿Por qué nos importa?
Criterio relevante para el litigio de amparo contra la CURP biométrica y la Plataforma Única de Identidad, que puede involucrar tanto a personas físicas preocupadas por la protección de sus datos personales como a empresas cuyos registros podrían quedar sujetos a interconexión y consulta, como instituciones financieras, operadores de telecomunicaciones o prestadores de servicios que administran bases de datos de clientes. Define con certeza que la demanda debe presentarse ante Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y no en materia penal, lo que evita declaraciones de incompetencia que retrasen el pronunciamiento sobre la suspensión. Además, reitera el método para fijar la competencia en el amparo contra leyes —atender al objeto directo y predominante de la norma, y no a su uso instrumental o a la autoridad que la emite—, en línea con la jurisprudencia P./J. 217/2026 (12a.) (Reg. 2032835), reseñada en la edición anterior, sobre los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles. En la práctica, conviene argumentar desde la demanda el carácter administrativo de las obligaciones reclamadas y su impacto en la privacidad y la protección de datos. Es obligatoria para los órganos jurisdiccionales de la Región Centro-Sur a partir del 9 de noviembre de 2026.
¿Qué resuelve?
Al resolver la contradicción de criterios 74/2026 entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, el Pleno Regional definió si la falta del acta circunstanciada del cateo y del inventario de los bienes asegurados impide conceder la suspensión provisional contra el aseguramiento de un establecimiento comercial y de los bienes localizados en su interior. Uno de los tribunales estimó que sin esos documentos no había elementos para distinguir los bienes vinculados con la investigación de los ajenos a ella; el otro, que la ausencia documental no impedía la medida, porque esos documentos están bajo el control de la autoridad. Por mayoría, el Pleno Regional se inclina por la segunda postura. Los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo exigen ponderar la apariencia del buen derecho, el interés social y el orden público y, conforme a la acción de inconstitucionalidad 62/2016, la regla de que las técnicas de investigación no son objeto de suspensión no es absoluta. Los artículos 229, 230 y 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales limitan el aseguramiento a los instrumentos, objetos o productos del delito y a los bienes relacionados con éste, y obligan a la autoridad a inventariar "todos y cada uno" de ellos y a levantar el acta del cateo. Por ello, la falta de esos documentos no permite presumir que todo lo localizado en el inmueble quedó asegurado, ni lo contrario: la persona juzgadora debe valorar los demás elementos del incidente, preservar el aseguramiento respecto de los bienes cuya vinculación con el hecho investigado se advierta, incluso indiciariamente, y no considerar asegurados por su sola ubicación los demás, sin trasladar a la quejosa las consecuencias de una omisión documental que corresponde a la autoridad.
¿Por qué nos importa?
Desde la perspectiva de la suspensión provisional, la jurisprudencia ofrece una herramienta valiosa para clientes —propietarios y arrendadores de locales, empresas con mercancía, maquinaria o equipo en el inmueble— que resienten los efectos de un cateo y aseguramiento practicado con motivo de la conducta de un tercero, como un arrendatario u ocupante. Confirma que la suspensión puede modularse: mantener asegurados los bienes vinculados con la investigación y liberar provisionalmente el uso de los ajenos a ella, sin dejar insubsistente el aseguramiento, en congruencia con la jurisprudencia P./J. 30/2001. Además, distribuye correctamente la carga: la falta del acta y del inventario, cuya elaboración corresponde a la autoridad, no puede volverse en contra de quien solicita la medida. En la práctica, conviene acompañar a la demanda los documentos que acrediten la propiedad o posesión de los bienes y su origen lícito (facturas, contratos, inventarios propios, registros contables) y precisar en la solicitud los bienes respecto de los cuales se pide la suspensión, para facilitar la modulación de sus efectos. Se aprobó por mayoría de votos. Es obligatoria para los órganos jurisdiccionales de la Región Centro-Norte a partir del 9 de noviembre de 2026.
¿Qué resuelve?
Al resolver la contradicción de criterios 90/2026 entre el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Segundo, Tercero y Cuarto del Trigésimo Circuito, el Pleno Regional definió si procede la suspensión provisional contra la inclusión y permanencia del nombre y apellidos de personas ex servidoras públicas pensionadas en la lista publicada en el portal Transparencia para el Pueblo del Gobierno de México, conforme al artículo 65, fracción XL, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dos tribunales la negaron con base en el amparo en revisión 605/2024 de la extinta Primera Sala, que sostuvo que esa información debe ser pública; los otros dos la concedieron con base en la jurisprudencia 2a./J. 4/2025 (11a.) de la extinta Segunda Sala, que exige armonizar la transparencia con la protección de datos personales. Por unanimidad, el Pleno Regional resuelve que debe negarse. Ambos precedentes se complementan: el primero avala publicar el nombre y el monto de la pensión como medio de escrutinio del gasto público; el segundo exige a la autoridad ponderar si es necesario divulgar el nombre de quien ejerce su oposición. En un análisis inicial y provisional, la publicación no invade la privacidad de esas personas, porque su nombre y sus ingresos ya se difundían cuando eran servidoras públicas, y el artículo 6o. constitucional hace prevalecer la máxima publicidad respecto de quien recibe recursos públicos. Conceder la medida privaría a la sociedad de conocer de forma constante esos datos mínimos, en perjuicio del interés social y del combate a la corrupción.
¿Por qué nos importa?
Desde la perspectiva del amparo, la jurisprudencia muestra cómo se ponderan, en la etapa cautelar, el interés social y el derecho a la protección de datos personales: cuando la información se vincula con el ejercicio de recursos públicos, la máxima publicidad prevalece en el análisis preliminar y la afectación individual cede frente al beneficio colectivo de la transparencia. Para personas ex servidoras públicas jubiladas o pensionadas, la consecuencia práctica es que su nombre y el monto de su pensión permanecerán publicados mientras se resuelve el fondo, por lo que la estrategia debe concentrarse en el juicio principal y, en su caso, en el ejercicio de la oposición ante la propia autoridad, que conforme a la jurisprudencia 2a./J. 4/2025 (11a.) debe ponderar si es necesario divulgar el nombre. Su razonamiento podría invocarse para negar la suspensión en otros supuestos de publicación de información vinculada con recursos públicos, como padrones de beneficiarios de programas o de contratistas de entes públicos. Es obligatoria para los órganos jurisdiccionales de la Región Centro-Norte a partir del 9 de noviembre de 2026.
¿Qué resuelve?
Derivada del mismo amparo en revisión 221/2026 (Reg. 2032869), en el que un padre reclamó la omisión de las autoridades familiares de pronunciarse sobre el régimen de visitas y convivencias con su hijo de corta edad, y el Juzgado de Distrito sobreseyó por cesación de efectos porque durante el juicio se decretó un régimen provisional de convivencias supervisadas, se ordenó la inscripción a un programa de revinculación y se fijó fecha para una entrevista diagnóstica. El Tribunal Colegiado sostiene que, en los actos omisivos, la cesación de efectos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se actualiza cuando la actuación posterior extingue la inactividad reclamada; pero cuando la omisión incide en derechos de niñas, niños y adolescentes, ello no puede verificarse de manera puramente formal, sino a la luz de su interés superior. Si la actuación posterior es aparente o insuficiente, la omisión subsiste en lo esencial; en cambio, si la autoridad activa efectivamente el mecanismo idóneo, la inactividad cesa. Para determinarlo, el órgano de amparo debe verificar de oficio —sin conformarse con el dicho de la autoridad responsable— la idoneidad del mecanismo, su efectividad y la correspondencia material entre lo actuado y la protección del derecho. La efectividad no exige la consumación inmediata del resultado cuando la protección requiere un proceso gradual, siempre que el mecanismo esté activado, en operación y encauce materialmente el derecho. Además, el sobreseimiento no legitima una inactividad posterior: si el mecanismo deviene inoperante o se dilata de manera irrazonable, puede configurarse una nueva omisión impugnable.
¿Por qué nos importa?
Criterio de utilidad directa en los amparos contra omisiones de juzgados familiares —falta de acuerdo sobre convivencias, guarda y custodia provisional, alimentos o designación de peritos—, frecuentes en nuestra práctica. Para la parte quejosa, ofrece un argumento sólido contra el sobreseimiento: no basta que la autoridad emita un acuerdo durante el juicio, sino que debe demostrarse que el mecanismo activado funciona y encauza materialmente el derecho del menor, lo que el órgano de amparo debe verificar de oficio. Al mismo tiempo, matiza las expectativas: si el mecanismo es gradual (por ejemplo, convivencias supervisadas progresivas) y está en operación, la falta del resultado final no impide sobreseer. Su lección práctica más relevante es que el sobreseimiento no cierra la puerta: si el programa de revinculación o las convivencias se interrumpen o se dilatan sin justificación, puede promoverse un nuevo amparo por una nueva omisión, por lo que conviene documentar el seguimiento de cada etapa. Se lee junto con la tesis Reg. 2032869, derivada del mismo asunto, sobre la autonomía progresiva en la primera infancia. Por tratarse de una tesis aislada, su valor es orientador.
¿Qué resuelve?
Una mujer trans promovió amparo indirecto contra actos derivados de un procedimiento civil en el que había intervenido bajo una identidad registral anterior. El Juzgado de Distrito desechó de plano la demanda y, en su resolución, se refirió a ella en varias ocasiones con expresiones que incorporaban su nombre anterior junto con el vigente. Al resolver la queja 238/2026 (de la que también derivan las tesis Reg. 2032877 y 2032878), el Tribunal Colegiado sostiene que la identidad de género es manifestación de la autonomía personal, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al nombre, por lo que las autoridades jurisdiccionales deben reconocer y tratar a las personas trans conforme al nombre y género con los que se identifican. El uso del nombre anterior (deadname o nombre muerto) puede constituir una forma de desconocimiento o invalidación de su identidad, de modo que no debe operar como forma principal u ordinaria de nombramiento judicial, ni incorporarse reiteradamente a la denominación actual mediante expresiones como "antes", barras, alias u otras fórmulas que mantengan permanentemente ambas identificaciones dentro del proceso. Ello no implica borrar los antecedentes registrales o procesales relevantes: el nombre anterior puede conservar relevancia como dato histórico cuando sea estrictamente necesario para la identificación jurídica o para establecer la correspondencia con actuaciones previas, siempre mediante fórmulas respetuosas que no sugieran la existencia de una identidad auténtica frente a otra sobrevenida.
¿Por qué nos importa?
Criterio de técnica procesal con incidencia en la redacción de nuestros escritos y en la exigencia de un trato adecuado por parte de los órganos jurisdiccionales. Cuando el despacho represente a una persona trans, conviene comparecer con su nombre vigente y explicar, una sola vez y de forma respetuosa, la correspondencia con el nombre que conste en actuaciones previas (por ejemplo, mediante la exhibición del acta de reconocimiento de identidad), solicitando que en lo sucesivo se le identifique sólo con el vigente; si el juzgado insiste en fórmulas como "antes" o barras, el criterio da sustento para pedir su corrección. Cuando la contraparte sea una persona trans, la tesis orienta la forma correcta de identificarla en demandas, promociones y diligencias, sin que ello afecte la certeza sobre la identidad de la parte, aspecto que precisan las tesis Reg. 2032877 y 2032878, derivadas del mismo asunto. Por tratarse de una tesis aislada, su valor es orientador.
¿Qué resuelve?
Derivada de las quejas 238/2026 y 265/2026 (la primera, origen también de las tesis Reg. 2032876 y 2032878). Una mujer trans promovió amparo indirecto contra actos de un procedimiento civil en el que había intervenido como parte demandada bajo su identidad registral anterior; el Juzgado de Distrito desechó la demanda por extemporánea, al considerar que tuvo conocimiento previo del juicio, y la quejosa sostuvo que su identidad jurídica vigente correspondía a una persona distinta, a la que no podían atribuírsele las consecuencias de esas actuaciones. El Tribunal Colegiado parte de que el Estado no crea la identidad de las personas: al reconocer jurídicamente la identidad de género no surge una persona distinta, sino que se adecuan los registros, documentos y formas de identificación a la realidad de quien ejerce ese derecho. La identidad personal puede transformarse a lo largo de la vida, por lo que la seguridad jurídica no puede depender de la permanencia inalterada de nombres o datos registrales, sino de la continuidad de la persona que participa en la relación procesal. Así, los órganos jurisdiccionales deben actualizar la forma de identificar a las personas conforme a su identidad de género autopercibida vigente y, simultáneamente, preservar la validez y eficacia de las actuaciones previamente realizadas respecto de ellas: reconocer la identidad modifica la forma de identificación y de trato, pero no borra la historia jurídica de la persona ni priva de efectos a los actos en que intervino.
¿Por qué nos importa?
Criterio que armoniza el derecho a la identidad con la seguridad jurídica, de especial utilidad en juicios civiles y mercantiles de larga duración, en la ejecución de sentencias y en el cumplimiento de obligaciones contractuales cuando una de las partes obtiene el reconocimiento de su identidad de género durante o después del procedimiento. Para quien litiga frente a esa persona, confirma que el emplazamiento, las notificaciones, las confesiones y la sentencia realizados con la identidad anterior conservan plena eficacia, de modo que no es necesario reponer actuaciones, aunque sí actualizar la forma de identificarla. Para quien obtiene el reconocimiento de su identidad, garantiza el trato conforme a su identidad vigente, pero advierte que ese cambio no puede utilizarse como estrategia para desconocer obligaciones o actuaciones previas. En la práctica, conviene acreditar la correspondencia entre ambas identidades con el acta respectiva y solicitar la actualización de los datos en el expediente y, en su caso, en los registros públicos. Por tratarse de una tesis aislada, su valor es orientador.
¿Qué resuelve?
Derivada también de las quejas 238/2026 y 265/2026 (Reg. 2032876 y 2032877). La quejosa, que había intervenido como parte demandada en un juicio ordinario civil bajo una identidad registral anterior, sostuvo que debía considerársele tercera extraña al procedimiento, porque su identidad jurídica vigente correspondía a una persona distinta y no había sido emplazada con esa identidad; el Juzgado de Distrito desechó la demanda al considerar acreditado su conocimiento previo del juicio. El Tribunal Colegiado sostiene que el reconocimiento jurídico de la identidad de género tiene por objeto adecuar la forma en que el Estado identifica a una persona, pero no crea una persona distinta ni extingue, recrea o sustituye su personalidad jurídica, sino que presupone su continuidad en el tiempo. Por ello, las modificaciones en los atributos de identidad no rompen las relaciones jurídicas o procesales previamente constituidas, ni autorizan a tener por inexistentes o ineficaces las actuaciones realizadas bajo la identidad anterior. Sostener lo contrario supondría que cada modificación de esos atributos genera un sujeto procesal distinto, desvinculado de lo actuado, conclusión incompatible con la finalidad del derecho a la identidad, que busca precisamente que la misma persona sea reconocida conforme a su identidad vigente. Así, cuando existe identidad entre quien comparece y quien intervino previamente en el procedimiento, el reconocimiento de su identidad de género no basta para atribuirle la calidad de tercera extraña a juicio.
¿Por qué nos importa?
Criterio de alto valor práctico para la defensa de la parte tercera interesada en amparos indirectos en los que se alega la calidad de persona extraña a juicio, figura que permite promover el amparo sin agotar recursos ordinarios y con reglas de oportunidad más favorables. Cierra una posible vía para reabrir juicios concluidos o en ejecución: el cambio de nombre o de identidad registral posterior al emplazamiento no convierte a la parte demandada en tercera extraña ni invalida el emplazamiento practicado con su identidad anterior. En la práctica, cuando se enfrente un planteamiento de este tipo, conviene acreditar la identidad entre la persona que comparece y la que intervino en el juicio (actas del registro civil, CURP, firmas, domicilio y demás datos de identificación) y hacer valer la extemporaneidad de la demanda a partir del conocimiento previo de los actos. Se complementa con las tesis Reg. 2032876 y 2032877, derivadas del mismo asunto, que garantizan el trato conforme a la identidad vigente sin desconocer la continuidad de la persona. Por tratarse de una tesis aislada, su valor es orientador.
¿Qué resuelve?
En un amparo indirecto, la parte quejosa recusó a la persona juzgadora de Distrito sin exhibir el billete de depósito que exige el artículo 59 de la Ley de Amparo, equivalente al monto máximo de la multa prevista en el artículo 250 (690 Unidades de Medida y Actualización), por lo que la presidencia del Tribunal Colegiado desechó de plano la recusación. En el recurso de reclamación 1/2026, la recusante alegó que ese monto era excesivo y contrario al artículo 17 constitucional. El Tribunal Colegiado aplica un test de proporcionalidad y desestima el planteamiento. La medida persigue un fin constitucionalmente válido —preservar la imparcialidad y evitar que la recusación se utilice como instrumento dilatorio o para excluir estratégicamente a una persona juzgadora—; es idónea, porque disuade las recusaciones frívolas y permite hacer efectiva la sanción de manera expedita; es necesaria, porque no constituye un pago de derechos ni una costa judicial prohibida, sino una garantía que sólo se hace efectiva si se demuestra que la recusación se promovió para entorpecer o dilatar el procedimiento y que, en caso contrario, se devuelve íntegramente; y es proporcional en sentido estricto, porque se trata de un requisito reducible e incluso dispensable atendiendo a las circunstancias económicas del solicitante, de modo que la afectación al acceso a una justicia imparcial es limitada.
¿Por qué nos importa?
Criterio de utilidad práctica al decidir si se recusa a una persona juzgadora en un amparo. Confirma que el billete de depósito por el monto máximo de la multa es un requisito de procedencia cuya omisión conduce al desechamiento de plano, por lo que, antes de promover la recusación, conviene evaluar con el cliente el costo de la garantía y la solidez de la causa de impedimento, pues si se estima que la recusación fue dilatoria la garantía se hará efectiva. Al mismo tiempo, la tesis reconoce expresamente que la garantía es reducible e incluso dispensable atendiendo a la situación económica del solicitante, lo que abre la posibilidad de pedir su reducción o dispensa acreditando las circunstancias correspondientes. Para la contraparte, ofrece sustento para solicitar el desechamiento cuando no se exhiba la garantía y, en su caso, la imposición de la multa ante recusaciones manifiestamente infundadas. Por tratarse de una tesis aislada, su valor es orientador.
¿Qué resuelve?
Una persona promovió amparo indirecto contra el emplazamiento y lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil; obtuvo la suspensión para que no se ordenara la escrituración ni la entrega de un inmueble embargado y, después, el amparo para dejar sin efectos el emplazamiento y todo lo actuado. Al requerirse el cumplimiento, se advirtió que un notario había formalizado una escritura que impedía restituir el dominio pleno; la autoridad responsable pidió su cancelación, pero informó que estaba imposibilitada para cumplir, porque en el incidente de suspensión de un amparo diverso se le había ordenado abstenerse de realizar movimientos registrales sobre el inmueble. El Juzgado de Distrito declaró la imposibilidad y remitió el asunto al Tribunal Colegiado, que, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 3/2026, sostiene lo contrario. Conforme a la doctrina de la Suprema Corte, existe imposibilidad de cumplimiento cuando cambia la situación jurídica que imperaba al concederse el amparo, quedan insubsistentes las actuaciones de las que deriva el acto o éste no puede surtir efecto alguno en perjuicio de la quejosa por la modificación de su entorno. La suspensión definitiva concedida en otro amparo para que no se realicen movimientos registrales es una medida temporal, cuya materia está sub judice, que no genera un cambio permanente e irreversible que impida restituir a la quejosa; por ello, no impide analizar técnicamente si la autoridad acató la ejecutoria. Si el cumplimiento del amparo hace imposible acatar esa suspensión, será en el otro expediente donde deba analizarse lo conducente.
¿Por qué nos importa?
Criterio de aplicación directa en el litigio inmobiliario y en los amparos derivados de juicios ejecutivos mercantiles en los que el inmueble embargado es objeto de escrituración, remate o actos registrales mientras se tramitan varios amparos paralelos. Para la parte que obtuvo el amparo, ofrece un argumento sólido frente a la autoridad responsable o al registro público que pretendan escudarse en la suspensión dictada en otro juicio para no cumplir: esa medida temporal no justifica declarar la imposibilidad ni dar por concluido el procedimiento de cumplimiento. Para quien obtuvo la suspensión en el otro amparo, advierte que su protección es provisional y subordinada al fondo, por lo que conviene impulsar ese juicio y, si el cumplimiento de la ejecutoria ajena afecta la medida, plantear lo conducente en su propio expediente. En la práctica, cuando existan juicios paralelos sobre un mismo inmueble, conviene informar oportunamente a cada juzgado de la existencia de los demás y de las medidas dictadas en ellos. Por tratarse de una tesis aislada, su valor es orientador.
¿Qué resuelve?
Al resolver el incidente de suspensión (revisión) 379/2025, el Tribunal Colegiado analizó si las instituciones de crédito deben exhibir garantía para responder de los daños y perjuicios que la suspensión pueda ocasionar a la parte tercera interesada. El artículo 137 de la Ley de Amparo enumera a quienes están exentos de garantizar y no incluye a las instituciones de crédito; en cambio, el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que las instituciones del sistema bancario que no estén en liquidación o quiebra se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligadas a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de la suspensión en el amparo. El Tribunal Colegiado sostiene que la obligación de garantizar deriva directa y expresamente del artículo 107, fracción X, constitucional, que debe prevalecer sobre la ley secundaria conforme al principio de supremacía constitucional del artículo 133. Reconoce que la extinta Primera Sala, al resolver el recurso de queja 11/2023, cuyo criterio por precedente es obligatorio, sostuvo que las instituciones de crédito no están obligadas a otorgar esa garantía; pero advierte que en esa ejecutoria se precisó expresamente que no se abandonaba la jurisprudencia P./J. 6/92 del Pleno, que sostiene lo contrario. Ante dos criterios obligatorios de sentido opuesto, debe atenderse a la jurisprudencia del Pleno, por ser de mayor jerarquía y encontrarse vigente.
¿Por qué nos importa?
Criterio de impacto directo en el litigio bancario y en los amparos derivados de juicios mercantiles en los que una institución de crédito es quejosa. Para los bancos, implica que la suspensión de actos como embargos, ejecución de sentencias o levantamiento de medidas cautelares podrá quedar condicionada a la exhibición de garantía, pese al artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo que debe preverse en la estrategia y en los tiempos de obtención de fianzas o billetes de depósito. Para clientes que litigan contra instituciones financieras y figuran como terceros interesados, ofrece sustento para exigir que la suspensión se condicione a la garantía y, si se concedió sin ella, impugnar esa determinación mediante la queja o la revisión que correspondan. Debe advertirse, sin embargo, la tensión con el criterio de la extinta Primera Sala en la queja 11/2023, lo que anticipa una posible contradicción que deberá resolverse en definitiva; mientras tanto, conviene invocar el criterio que favorezca la posición del cliente y verificar el que prevalezca en el circuito. Por tratarse de una tesis aislada, su valor es orientador.
¿Qué resuelve?
En un juicio ordinario mercantil se concedió como providencia precautoria la retención de cuentas bancarias de las demandadas; en apelación, la sala revocó la medida. Las actoras promovieron amparo indirecto y pidieron la suspensión provisional con efectos restitutorios para que no se levantara la retención; el Juzgado de Distrito la negó al estimar que el acto era negativo y que los efectos restitutorios eran propios de la sentencia de fondo. Al resolver la queja 170/2022, el Tribunal Colegiado sostiene que la apariencia del buen derecho es un juicio objetivo y probabilístico, y que la suspensión con efectos restitutorios prevista en el artículo 147 de la Ley de Amparo equivale, en realidad, a un amparo provisional, que exige contar con elementos suficientes para formarse un juicio de probabilidades y, en la medida de lo posible, respetar el principio de contradicción. Por ello, por regla general, el momento idóneo para concederla es la audiencia incidental, cuando ya se cuenta con la postura y las pruebas de las autoridades responsables, los terceros interesados y el Ministerio Público, y no cuando sólo se conoce la demanda. Excepcionalmente puede otorgarse desde la suspensión provisional, si con la demanda se aportan constancias indubitables, de tal valor probatorio que difícilmente puedan desvirtuarse, y se genera una alta convicción sobre la probabilidad de éxito del amparo y un alto peligro de afectación si se espera hasta la audiencia incidental.
¿Por qué nos importa?
Criterio de utilidad estratégica en los amparos contra resoluciones de juicios civiles y mercantiles que levantan medidas cautelares (retención de cuentas, embargos precautorios, anotaciones registrales), en los que la oportunidad de la suspensión es determinante. Su lección práctica es que, si se pretende obtener efectos restitutorios desde la suspensión provisional, la demanda debe acompañarse de constancias indubitables —copias certificadas de las actuaciones, de la resolución reclamada y de las que acrediten el derecho— y exponer de manera concreta el peligro de esperar hasta la audiencia incidental (por ejemplo, la disposición inminente de los fondos); en caso contrario, la medida normalmente se reservará para la suspensión definitiva. Para la parte tercera interesada, ofrece sustento para combatir mediante queja los efectos restitutorios provisionales concedidos sin esos elementos. Debe advertirse que la tesis corresponde a la Undécima Época y deriva de un asunto resuelto en 2022, aunque se publicó en esta edición del Semanario. Por tratarse de una tesis aislada, su valor es orientador.
Constitucional
¿Qué resuelve?
Diversas mujeres y personas con capacidad para gestar promovieron amparo indirecto contra el sistema normativo que criminaliza el aborto en el Estado de Tamaulipas, por estimarlo contrario a los derechos a la autonomía reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y no discriminación, a la salud y a la libertad de conciencia. El Juzgado de Distrito sobreseyó por falta de interés legítimo; en revisión, la Suprema Corte atrajo el asunto, revocó el sobreseimiento al reconocer el interés legítimo de las quejosas para impugnar el sistema normativo local y realizó el estudio de constitucionalidad. Al resolver el amparo en revisión 426/2025, por unanimidad de ocho votos, el Pleno sostiene que, conforme a su doctrina, la noción de persona es un presupuesto esencial de todo el régimen constitucional y convencional de protección de los derechos humanos, por lo que debe adoptarse de manera uniforme en todo el territorio nacional, con base en los criterios que surgen de las disposiciones constitucionales. Su determinación está reservada a la Federación, de modo que los congresos de las entidades federativas carecen de competencia para alterar ese presupuesto e introducir en sus Constituciones una noción de persona o fijar el momento desde el cual se protege el derecho a la vida y se reconoce ese estatus. Tampoco corresponde a las legislaturas locales determinar la intensidad y el carácter de la protección jurídica de la vida en gestación, pues al hacerlo trastocan el orden constitucional federal y restringen injustificadamente los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
¿Por qué nos importa?
Desde la perspectiva constitucional, la jurisprudencia tiene un alcance que trasciende la materia penal en que se originó: fija un límite competencial a las legislaturas locales respecto de la definición de los presupuestos esenciales del régimen de derechos humanos, que deben ser uniformes en todo el país. Ese razonamiento sobre la distribución de competencias puede invocarse en el análisis de constitucionalidad de normas locales que pretendan definir por sí mismas quién es titular de derechos o desde qué momento, y podría incidir en la interpretación de disposiciones locales de carácter civil o familiar que se refieran a la protección del concebido. Además, confirma el reconocimiento del interés legítimo para impugnar sistemas normativos penales locales sin necesidad de un acto de aplicación, lo que es relevante para la estrategia en el amparo contra leyes. Se aprobó por unanimidad de ocho votos, con votos concurrentes que, según se precisa, no impactan en el tema de la tesis. Es obligatoria a partir del 9 de noviembre de 2026.
¿Qué resuelve?
Al resolver la contradicción de criterios 98/2026 entre los Tribunales Colegiados Cuarto y Décimo Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Pleno Regional definió si, antes de la reforma de 24 de enero de 2024 al artículo 7o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Condusef tenía facultades para regular mediante disposiciones generales el sistema de notificaciones electrónicas de sus actos (Disposición en Materia de Registros ante la Condusef, de 14 de octubre de 2022, y su acuerdo modificatorio de 28 de septiembre de 2023). El Cuarto Tribunal —en la tesis aislada I.4o.A.49 A (11a.)— sostuvo que esas disposiciones violaban la reserva de ley y la subordinación jerárquica, porque "derogaban" el artículo 7o., que remitía a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; el otro, que existía una cláusula habilitante suficiente. Por unanimidad, el Pleno Regional se inclina por la segunda postura. De la interpretación concatenada de los artículos 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 27 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y 11, 22, 26, 46 y 92 Bis 1 de la ley de la materia, se advierte que la Condusef tiene amplias facultades para expedir disposiciones generales vinculadas con la supervisión de las instituciones financieras y con la organización del Registro de Prestadores de Servicios Financieros, lo que incluye las notificaciones electrónicas; la reforma de 2024 sólo hizo expresa esa habilitación. No existe una reserva de ley en la materia, y la disposición no alteró el artículo 7o., sino que colmó el vacío normativo que permitía la remisión a la ley federal.
¿Por qué nos importa?
Criterio de impacto directo para clientes del sector financiero (bancos, sofomes, aseguradoras y demás instituciones sujetas a la supervisión de la Condusef) y para los usuarios que litigan contra ellas. Cierra la vía de impugnación basada en la tesis I.4o.A.49 A (11a.), que había permitido cuestionar la validez de las notificaciones electrónicas practicadas por la Condusef antes de 2024 y, con ello, la oportunidad de sanciones, requerimientos y procedimientos derivados de ellas. En consecuencia, las notificaciones practicadas por ese medio conforme a la Disposición de 2022 deben tenerse, en principio, por válidas. En la práctica, conviene que las instituciones financieras revisen el estado de los juicios de nulidad y amparos en trámite que se sustenten en ese argumento y reorienten su defensa hacia la legalidad de cada notificación en concreto (datos de registro, constancias de envío y de consulta), así como mantener actualizados sus datos en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y revisar periódicamente el sistema de notificaciones. Desde la perspectiva constitucional, reitera que la existencia de una cláusula habilitante debe valorarse a partir del contexto normativo completo y no sólo de una autorización expresa. Es obligatoria para los órganos jurisdiccionales de la Región Centro-Norte a partir del 9 de noviembre de 2026.
Administrativo
¿Qué resuelve?
Una persona pensionada por el IMSS por cesantía en edad avanzada solicitó al ISSSTE la expedición de una "negativa de pensión", para que su Afore le entregara el saldo de la subcuenta de aportaciones voluntarias. El ISSSTE negó la petición; la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de esa negativa y la autoridad interpuso revisión fiscal. Al resolver la revisión administrativa 29/2025, el Tribunal Colegiado la declara improcedente. El artículo 63, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo admite la revisión fiscal contra resoluciones en materia de aportaciones de seguridad social cuando el asunto versa sobre la determinación de sujetos obligados, los conceptos que integran la base de cotización, el grado de riesgo de las empresas para efectos del seguro de riesgos de trabajo o cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el ISSSTE. Conforme a la doctrina de la Suprema Corte, se trata de un recurso excepcional y de regulación estricta, cuya procedencia debe determinarse atendiendo a la verdadera naturaleza de la controversia y no a la denominación de los documentos o actos involucrados. La negativa a expedir la "negativa de pensión" no compromete el otorgamiento de una pensión a cargo del ISSSTE ni recursos de ese Instituto, sino únicamente la posibilidad de que el actor gestione ante su Afore la devolución de las aportaciones voluntarias que afirma le corresponden.
¿Por qué nos importa?
Criterio de utilidad en la asesoría a personas trabajadoras y pensionadas que pretenden recuperar el saldo de sus aportaciones voluntarias u otras subcuentas de su cuenta individual, trámite que con frecuencia se bloquea por la exigencia de documentos expedidos por un instituto de seguridad social distinto del que otorgó la pensión. Para el particular que obtiene una sentencia de nulidad favorable, confirma que ésta quedará firme sin que la autoridad pueda prolongar el litigio mediante la revisión fiscal, lo que acelera la entrega de los recursos. Más allá del caso, reitera una pauta útil en todo litigio administrativo: la procedencia de la revisión fiscal atiende a la naturaleza real de la controversia y no a la denominación del acto, lo que permite combatir revisiones interpuestas con base en etiquetas formales. En la práctica, al ser notificada una revisión fiscal, conviene analizar de inmediato si el asunto encuadra estrictamente en alguno de los supuestos del artículo 63 y, en su caso, solicitar su desechamiento. Por tratarse de una tesis aislada, su valor es orientador.